Foto: Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública (MSP) firmó un decreto que modifica la normativa vigente desde 2007 y forma parte de una estrategia para reducir los tiempos de espera en consultas, estudios y cirugías.

“Es un primer hito en un trabajo más general con todos los actores del sistema”, explicó la presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, quien señaló que la norma incorpora dimensiones que no estaban previstas en el decreto anterior.

En consultas, se mantienen los plazos actuales: 24 horas hábiles en medicina general, pediatría, ginecología y medicina familiar; 48 horas hábiles en cirugía general, y 30 días corridos para el resto de las especialidades.

Uno de los cambios es la incorporación del médico tratante. Si el usuario solicita hora con el profesional que lo atiende habitualmente, el plazo será de hasta 30 días en el primer nivel y de hasta 90 días en las demás especialidades.

Además, los plazos para especialidades se aplicarán, en general, a consultas indicadas por derivación profesional o seguimiento médico, y el MSP definirá especialidades priorizadas cuya agenda no podrá superar los 10 días hábiles.

Por primera vez, se fijan límites para estudios diagnósticos no urgentes, como tomografías, resonancias, ecocardiogramas y endoscopías. En los casos considerados prioritarios, deberán realizarse en plazos más acotados.

En el área quirúrgica, se establece un máximo de 30 días corridos para coordinar cirugías oncológicas no urgentes. Para el resto de las intervenciones no urgentes, se mantiene el tope general de hasta 180 días.

La normativa también introduce criterios sobre seguimiento y gestión de agenda. Las consultas de control deberán quedar agendadas al momento de la indicación médica o registradas como pendientes; la institución es responsable de coordinarlas.

Otro punto nuevo es el alcance territorial, en el cual los plazos deberán cumplirse dentro del departamento donde el prestador tenga su sede principal. Si no cuenta con recursos propios o convenios, deberá facilitar la prestación dentro o fuera del territorio.

El decreto crea además una comisión de seguimiento en la órbita de la Junasa y refuerza el monitoreo del cumplimiento.

Pradere indicó que la norma fue trabajada con los prestadores para asegurar su viabilidad y que el objetivo es que no quede como “letra muerta”. En ese sentido, reconoció que algunos servicios deberán ajustar su organización y capacidad instalada.

En paralelo, el gobierno prepara otro decreto que permitirá extender hasta 365 días la prescripción de tratamientos crónicos bajo control médico. En el caso de psicofármacos, los plazos previstos serán de entre 90 y 180 días. La intención es reducir consultas administrativas y liberar agenda para atención clínica.

El nuevo marco entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial.