Para el cuarto gobierno del Frente Amplio, presidido por Yamandú Orsi, hubo principalmente una gran promesa durante la campaña electoral: bajar nuevamente la edad de jubilación a los 60 años, luego de que la reforma de la seguridad social impulsada por la anterior administración llevara a la edad de retiro a los 65 años, de forma paulatina para los nacidos a partir de 1977.

El anuncio llegó finalmente el pasado lunes, tras el Consejo de Ministros, en una conferencia de prensa brindada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. El proyecto de ley será remitido al Parlamento en las próximas horas.

El camino elegido por las autoridades, a partir de lo surgido del Diálogo Social, fue crear una nueva causal jubilatoria que permita el retiro anticipado a los 60 años o antes de los 65. La medida apunta especialmente a los trabajadores de menores ingresos, aunque la posibilidad estará disponible para todos quienes alcancen los 30 años de aportes, a cambio de una pasividad más baja.

No obstante, desde el gobierno se reconoce que la “arquitectura” de la ley 20.130 se mantiene y que fue un avance en la sostenibilidad del sistema, al punto que las proyecciones económicas realizadas previamente por los servicios actuariales del Banco de Previsión Social (BPS) fueron el norte para avanzar en la nueva propuesta. En ese sentido, se enfatiza que, pese a la nueva opción que se propone, la edad normal de jubilación seguirá siendo de 65 años.

La clave para avanzar hacia la jubilación anticipada sin comprometer las cuentas públicas —el gasto jubilatorio— es que, según las estimaciones, más de la mitad de los trabajadores no optaría por el nuevo régimen, pese a que estará disponible para quienes cumplan con los requisitos.

El mecanismo para avanzar en esa dirección, según el gobierno, consiste en introducir cambios en el suplemento solidario, creado por la ley 20.130 para complementar los ingresos de quienes, aun teniendo derecho a una prestación previsional, no alcanzan un determinado nivel de ingresos.

El objetivo es reforzar las jubilaciones más bajas y, al mismo tiempo, generar incentivos —con diferencias importantes entre la tasa de remplazo en caso de jubilarse a los 60 o a los 65— para que las personas de ingresos medios y medios altos posterguen su retiro.

Aunque aún resta conocer los detalles del proyecto de ley, según supo El País, la iniciativa plantea modificar la forma de cálculo del suplemento solidario. Si bien su valor base actual es de $ 17.591, esa no es necesariamente la suma que percibe cada jubilado o pensionista, ya que el monto se determina mediante una fórmula que considera el valor base, las jubilaciones del BPS y de la AFAP, la Tasa de Adquisición de Derechos y un coeficiente del 33%.

Para el gobierno, la solución encontrada toma en cuenta que, según algunos estudios internacionales, elevar la edad de retiro puede incrementar otros gastos públicos —no contemplados al momento de la reforma de 2023—, como los subsidios por desempleo y enfermedad, así como las jubilaciones por incapacidad entre las personas de 60 a 65 años.

Por tanto, se incorporarán coeficientes de ajuste en el suplemento solidario que tendrá como objetivo una focalización en beneficio de los sectores de ingresos más sumergidos, al tiempo que para los sectores medios y altos —en los que tiene una incidencia cada vez menor a medida que el monto de la jubilación aumenta hasta llegar a ser nula para pasividades altas— serán poco atractivas a los 60 años, con mejoras progresivas y convenientes a medida que la persona se mantenga en el mercado del trabajo hasta la edad normal del retiro.

Uno de los argumentos del gobierno es que más de la mitad de las personas posterga su retiro, pese a contar con causal jubilatoria para hacerlo a los 60 años. A su vez, dado que la edad promedio de retiro en el país es actualmente de 63 años, se estima que la nueva causal será utilizada principalmente por los trabajadores de los cinco primeros deciles de ingresos. En función de estas proyecciones, el gobierno considera que la medida no comprometerá la sostenibilidad económico-financiera del sistema previsional a largo plazo.

Estímulo para seguir

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo en En Perspectiva que al universalizar el retiro anticipado —incorporado para la construcción y los rurales en la ley 20.130 por entenderlos trabajos particularmente exigentes— se evita que se abra la puerta para que el Poder Ejecutivo incorpore otros tipos de puestos de trabajo en esa causal, a partir de presiones que puedan surgir desde un colectivo en particular.

“Estamos generado fragmentación al poder acceder a este beneficio en algunos casos y en otros no. Es más razonable tener un mecanismo más simple y universal, en el que todo el mundo tenga la libertad de jubilarse. La edad normal de retiro se mantiene en los 65 años, que con 30 años de aporte la tasa de remplazo es algo superior al 50%. ¿Cuál va a ser la tasa de remplazo si elijo jubilarme a los 60 años? En el orden del 36%”, graficó Arim el estímulo para permanecer en el mercado de trabajo que planteará el gobierno.

Fuente El Pais