El diputado colorado Felipe Schipani presentó en las últimas horas un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes para que los dirigentes que asuman cargos políticos y de particular confianza presenten, dentro de los 60 días posteriores a su asunción, un “certificado libre de deudas”.
Las personas comprendidas en esta iniciativa son aquellas que resulten electas o designadas para cumplir tareas en los tres poderes del Estado, la administración central, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes autónomos, servicios descentralizados, intendencias o en Personas Públicas no Estatales.
Todos estos jerarcas deberán presentar, en los dos meses posteriores a su designaciones, un certificado que acrediten que no tienen deudas exigibles con la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el Impuesto de Enseñanza Primaria y el Fondo de Solidaridad.
Según detalla el proyecto, los funcionarios que no cumplan con la presentación de lo referido anteriormente, tendrán todos sus haberes retenidos hasta que se regularice su situación. Además, el organismo de contralor designado para el cumplimiento de esta eventual disposición sería la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep).
Este proyecto de ley fue presentado tras la renuncia de la exministra Cecilia Cairo por irregularidades en su vivienda, entre ellas una deuda de más de 30 años del Impuesto de Primaria, y los señalamientos a Rodrigo Arim, director de la OPP, por su casa de veraneo en el balneario Solís.
En su exposición de motivos, Schipani argumentó que esta iniciativa tiene como objetivo “promover la transparencia”, la “responsabilidad fiscal” y la “ejemplaridad en el ejercicio de la función pública”.
“La ciudadanía exige, con razón, que quienes toman decisiones en nombre del Estado y administran recursos públicos cumplan con sus deberes como contribuyentes. No es admisible que se legisle, se gestione o se administre desde el incumplimiento de obligaciones básicas con el país”, señala el texto, consignado por Subrayado (Canal 10).
Schipani afirmó que su iniciativa se da en un “contexto de desconfianza hacia la política”. “Esta medida contribuirá a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, elevando los estándares de integridad pública y reforzando la cultura del cumplimiento”, concluye.
